Fuente: El Economista
El Ministerio de Transición Ecológica ha publicado en el Boletín Oficial del Estado desde el pasado 25 de enero un total de 109 autorizaciones de impacto ambiental de energías renovables que, según los cálculos llevados a cabo por este diario, ascienden a 23.096 MW de energía solar y eólica.
Las autorizaciones de estas plantas cuentan con una fecha anterior al 25 de enero pero se han publicado en el BOE posteriormente aprovechando el artículo 39.3 de la Ley de Procedimiento administrativo. Según esta norma, las declaraciones de impacto ambiental notificadas a lo largo de febrero y que produzcan efectos desde el 25 de enero o antes impiden que REE declare la nulidad del permiso concedido de acceso y conexión. De este modo, las administraciones han logrado casi un mes más para avanzar en los expedientes que había pendientes tras haber contado previamente con una prórroga de un año.
Esto supone que en total, el BOE ha recogido 37.896 MW en 211 autorizaciones de proyectos. A esta cantidad habrá que añadirle posteriormente los datos de las comunidades autónomas. Red Eléctrica debería dar a conocer el resultado definitivo de los permisos de acceso y conexión mañana.
Transición Ecológica, por su parte, todavía no ha recopilado toda la informacion de las declaraciones ambientales que corren a cargo de las comunidades autónomas. “Hay muchas y no es fácil”, asegúro la ministra Teresa Ribera ayer en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. Según Ribera, “existía una bolsa de proyectos con puntos de conexión que estaba bloqueando el uso de la infraestructura” por lo que era de vital importancia “agilizar las tramitaciones administrativas”.
En apenas un cuatrimestre, de octubre de 2022 a enero de 2023, el departamento de Ribera ha batido prácticamente un récord del número de autorizaciones publicadas en el BOE, así como las comunidades autónomas en sus respectivos boletines, pero aún así los problemas se mantuvieron en algunas regiones como Cataluña o la Comunidad Valenciana.
En noviembre de 2021, de los 140.000 MW renovables que deberían contar con la Declaración de Impacto Ambiental, unos 60.000 MW ni siquiera habían podido inicir el trámite de información pública (paso previo a obtener la DIA -el segundo hito-). Ante esta situación, el Gobierno decidió conceder una prórroga de un año con la intención de que se pudiera acelerar y desde entonces han trabajado para acelerar la concesión de los permisos.
La caducidad de los permisos de acceso y de conexión, conforme a lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1183/2020, supondrá la ejecución inmediata por el órgano competente para la emisión de las autorizaciones administrativas de las garantías económicas presentadas para la tramitación de la solicitud de acceso a la red de transporte o distribución, según aplique en cada caso.
La siguiente prueba de fuego se producirá en un plazo de seis meses cuando todos estos proyectos tengan que avanzar en la autorización de construcción.
