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El fraude eléctrico en España ha alcanzado en los últimos años una dimensión con implicaciones económicas, sociales y de seguridad. Según datos de Endesa, la energía defraudada detectada en el último lustro equivale al consumo anual de más de un millón de hogares, una magnitud comparable al parque residencial conjunto de ciudades como Barcelona y Sevilla. Este volumen da cuenta de la escala de un fenómeno que impacta en las cuentas del sistema eléctrico, deteriora la calidad del suministro y termina repercutiendo en la factura de los consumidores.
Solo en 2025, la filial de redes e-distribución detectó 72.700 fraudes, el registro más elevado de los últimos cinco años y equivalente a una media de 200 casos diarios, más de ocho cada hora. En el conjunto del periodo 2021-2025, la compañía ha cerrado más de 320.000 expedientes por manipulaciones de la red que han permitido recuperar más de 3.750 GWh. Más allá de la magnitud energética, la empresa alerta de los riesgos asociados a estas prácticas, que van desde incendios provocados por sobrecargas hasta electrocuciones mortales, afectando tanto a quienes manipulan las instalaciones como a terceros.
Una parte significativa del problema está vinculada al auge de las plantaciones ilegales de cannabis en interiores, un fenómeno en expansión que opera al margen del sistema eléctrico y con consumos intensivos durante todo el día. Estas instalaciones, en muchos casos gestionadas por redes criminales organizadas, pueden consumir lo mismo que decenas de viviendas y generan una presión constante sobre las infraestructuras. El llamado ‘cultivo indoor’ no solo multiplica la demanda en determinadas zonas, sino que acaba provocando saturaciones, caídas de tensión y cortes recurrentes que afectan a vecinos y negocios. En los últimos cinco años, e-distribución ha participado en el desmantelamiento de unas 10.600 plantaciones de este tipo, con especial incidencia en regiones como Cataluña y Andalucía. Solo en 2025 se actuó sobre unas 1.850 instalaciones, recuperando 182,7 millones de kWh, lo que representa el 26% de la energía defraudada.
El impacto de estas actividades no se limita al ámbito técnico. En zonas con alta concentración de fraude, el deterioro del suministro se traduce en un empeoramiento de la calidad de vida y en dificultades para la actividad económica. A ello se suma el incremento del riesgo para los propios trabajadores del sistema eléctrico, que en muchas ocasiones deben actuar acompañados por fuerzas de seguridad. En los últimos cuatro años se han registrado alrededor de un centenar de agresiones físicas a empleados y colaboradores, 58 de ellas en 2025, lo que refleja el nivel de conflictividad asociado a estas intervenciones.
La lucha contra el fraude combina la actuación operativa con el despliegue de herramientas tecnológicas y la colaboración ciudadana. Las denuncias anónimas han ganado peso como mecanismo de detección: durante el pasado ejercicio dieron lugar a 22.000 inspecciones que permitieron intervenir en cerca de 6.000 suministros con irregularidades. Este enfoque se complementa con el uso de analítica avanzada e inteligencia artificial para identificar patrones de consumo anómalos.
Desde el punto de vista regulatorio, el sector ha venido señalando la limitada capacidad disuasoria del marco penal español frente a otros países europeos. La Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2025 apuntaba a que la menor severidad de las sanciones podría estar favoreciendo la implantación de redes organizadas. En este contexto, la reciente aprobación de la Ley Orgánica 1/2026 introduce un subtipo agravado para los delitos de defraudación eléctrica vinculados al cultivo de marihuana, con penas de prisión de entre seis y dieciocho meses, además de multas, lo que supone un endurecimiento significativo respecto al marco anterior.
Los datos disponibles permiten, además, matizar la percepción habitual del fraude eléctrico. Más de la mitad de la energía defraudada, en torno al 52%, se concentra en industrias, negocios, grandes consumidores y plantaciones de cannabis, mientras que solo un 5% corresponde a pequeños suministros domésticos de baja potencia. Asimismo, cerca del 60% de los casos procede de enganches directos sin contrato, frente a un 40% asociado a manipulaciones en suministros existentes. En conjunto, el fenómeno dibuja un problema complejo que trasciende el ámbito energético y se sitúa en la intersección entre la seguridad, la economía sumergida y la política pública.