Fuente: El Economista
El sector de los hidrocarburos ha dado la voz de alarma y alerta de que el fraude de los carburantes crece con fuerza en España. Según las estimaciones que manejan las principales asociaciones, el agujero supera ya los 1.000 millones, lo que puede implicar entre el 25% y el 30% de las ventas y las medidas para tratar de paliarlo no llegan.
La Asociación Operadores Petrolíferos (AOP), la Unión de Petroleras Independientes (UPI), la Confedereación Española de Estaciones de Servicios (CEEES) y la Agrupación Española de Vendedores al por menor de carburantes y combustibles (Aevecar) se han reunido en CEOE para hacer un llamamiento ante esta situación que ha empeorado notablemente desde principios de año y tratar de plantear soluciones urgentes al Gobierno.
El Ejecutivo reconoció a principios de año las crecientes prácticas fraudulentas por el incumplimiento de obligaciones sectoriales respecto de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), el Sistema de Información para la Certificación de los Biocarburante (SICBIOS), el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), así como los ingresos fiscales (IVA, IIEE).
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han avanzando durante este tiempo en sus investigaciones y abierto otras nuevas para hacer frente a esta lacra que afecta, no solo a los ingresos del estado sino también a los niveles de emisiones.
La primera propuesta que se ha puesto sobre la mesa en este debate parte de la Unión de Petroleras Independientes, que considera que se necesita una modificación de la Ley del IVA para aclarar cómo operar en un depósito fiscal de hidrocarburos de forma que se garantice la transparencia y el control.
UPI plantea que el IVA se pague previamente a la extracción del carburante y que los operadores, independientemente de su tamaño, efectúen liquidaciones mensuales. Esta medida facilitaría el control por parte de la Administración tributaria y agilizaría la capacidad de detección del fraude.
En lo que respecta a los biocarburantes, la Asociación Operadores Petrolíferos pide elevar el porcentaje mínimo de la obligación que se debe cumplir mediante la venta física y reducir asimismo los pagos compensatorios. La patronal petrolera propone acortar el plazo en el que se verifica si los operadores han cumplido sus obligaciones para actuar con una mayor agilidad acompañando esta obligación de realizar pagos compensatorios por el déficit de certificados de cada sujeto obligado en el momento de verificación. Para ello, habría que condicionar la anotación de certificados a favor de un sujeto al cumplimiento de sus obligaciones compensatorias, cancelar de oficio la cuenta de certificación y tramitar la inhabilitación de aquellos sujetos que no hayan abonado, en plazo, dicho pago.
Desde Aevecar, proponen establecer mayores controles en los eslabones previos de la cadena para contar con operadores fiables. Para ello consideran que habría que incrementar las condiciones exigidas a los operadores al por mayor, tanto en la comunicación de inicio de actividad, como mediante una supervisión regular de su cumplimento a lo largo de su vida activa con el objeto de facilitar la identificación de los incumplimientos y proceder a la inhabilitación. Para Aevecar habría que exigir una garantía financiera para que los operadores iniciasen su actividad. Hacer un seguimiento a los nuevos así como a los conocidos como “operadores dormidos”.
A este respecto, por ejemplo, plantean al Ejecutivo que dé de baja al operador si no ha tenido actividad comercial durante un año y acorte los plazos de tramitación de los expedientes sancionadores.
Aevecar reclama crear un grupo de trabajo entre Ministerio, AEAT, CNMC y CORES, con la participación de los operadores al por mayor, para mejorar la lucha contra el fraude en el sector.
Para la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio, el Gobierno debería verificar las vinculaciones societarias y accionariado, la verificación de la capacidad técnica o realizar un seguimiento para controlar que se cumple la declaración responsable antes de dar de alta en el Registro de operadores (REDEF).
Asimismo, los propietarios de estaciones de servicio indican también que en los depósitos fiscales, se pueden adoptar medidas como revocar con rapidez la autorización para operar como titulares de depósitos fiscales en caso de que se incumpla la normativa mediante una actuación rápida y rigurosa de la Agencia Tributaria. Y apuesta por la utilización de la ciencia de datos para monitorizar la actividad de los depósitos, ya que hay instalaciones que registran movimientos muy elevados para la capacidad de almacenamiento que tienen.