Fuente: Invertia
Pese a que existe un protocolo de operación (PO 3.9) desde 2020 que define cuánto se debe pagar en caso de apagón (suspensión y restablecimiento de las actividades de mercado), la cifra establecida está muy por debajo de las expectativas de los propietarios de las centrales eléctricas.
“Debería estar entre 7 y 8 veces por encima del precio medio del mercado mayorista del mes de abril”, explica a EL ESPAÑOL-Invertia Joaquín Coronado, experto energético y presidente de Build to Zero.
Ese fatídico día, el 28 de abril, el precio medio fijado el día anterior en el mercado mayorista se situó en los 18,50 euros/MWh: dentro de la línea de un precio de la luz mensual en su nivel más bajo de la historia, con una media de 13,67 euros/MWh.
“Lógicamente con la incorporación masiva de fotovoltaica al mix eléctrico español, el precio de la luz en la primavera está muy bajo, y más va a estarlo en los próximos años”, explica Javier Colón, CEO de la consultora Neuro Energía y presidente de ACENEL (Asociación de Comercializadores de Energía Eléctrica).
“El precio para calcular lo que les ha costado encender desde el cero energético a todas las plantas y parques de generación eléctrica debería cubrir los costes reales de operación de tecnologías gestionables como ciclos combinados (gas) y centrales hidráulicas”.
Y en términos generales, “si se calculan 120 euros/MWh para una generación pico de 25.000 MW hasta la normalización del mercado, que no llega hasta el miércoles 30 de abril, “se supera ampliamente los 75 millones de euros”, apunta Colón.
“Hay que tener en cuenta que aquel lunes 28 no pudo celebrarse el mercado mayorista de electricidad, con lo que al día siguiente, la generación que suministró energía a la red no sabía a cuánto se le iba a retribuir por producir”, continúa.
Con lo que habría que pagar todas las horas de las que comenzaron desde el “black start”, es decir, las centrales hidroeléctricas, como el complejo Cortes-La Muela en Valencia, la de Alcántara en Cáceres -ambas propiedad de Iberdrola-, o los ciclos combinados de Engie en Castelnou (Teruel) o Cartagena (Murcia).
“Pero hay que pagarlas a todas las que mantuvieron luego el suministro a medida que se iba reactivando la red eléctrica”, añade el experto.
Informe definitivo: CNMC
Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será la que finalmente determine cuál es la cantidad que se debe fijar para el pago de esos servicios.
Y lo hará a partir de la publicación del informe sobre el apagón que está realizando y se espera que se publique antes de final de año. Este informe es obligatorio, por normativa europea y por la necesidad de identificar causas, responsabilidades y posibles fallos sistémicos en la red.
“El coste de levantar la red aquel 28 de abril lo asumiremos los consumidores finales, no hay duda de que se trasladará mediante un nuevo cargo a la factura de la luz, que es lo que suele ocurrir”, puntualiza el fundador de Neuro Energía.
“Sin embargo, si lo comparamos con lo que llevamos de coste extra por la operación reforzada de REE, es apenas un 10% de lo que ya estamos pagando, que supera los 756 millones de euros“, señala.
Cifras que ‘bailan’
La operación reforzada, implantada tras el apagón del 28 de abril de 2025, ha duplicado los vertidos y restricciones de red para las plantas renovables, superando el 8% de la electricidad renovable vertida en 2024 y alcanzando ratios superiores al 17% en lo que va de 2025.
Los costes de servicios de ajuste por la operación reforzada superaron los 3.000 millones de euros a cierre de septiembre, frente a los 2.600 millones registrados en todo 2024. Según APPA Renovables, unos 400 millones más.
Por su parte, AELEC detalla que el coste medio de las restricciones técnicas en el mercado diario pasó de 9 euros/MWh en mayo de 2024 a 22 euros/MWh en mayo, lo que supuso un sobrecoste de 200 millones de euros sólo en ese mes.
La estimación de UNEF sobre el coste total de los servicios de ajuste tras el apagón sitúa la cifra en torno a 371 millones de euros hasta octubre.
Por último, Redeia (REE) afirma que la operación reforzada ha supuesto un coste de 422 millones de euros entre mayo y octubre.