Fuente: El Periódico de la Energía
En junio de 2022, los gobiernos español y portugués sorprendieron a la Unión Europea al introducir una ley paralela conocida como la “Excepción Ibérica”. Su objetivo era reducir los precios mayoristas de la electricidad, desvinculándolos de los precios mayoristas del gas natural, que habían estado subiendo bruscamente desde el primer trimestre de 2021.
Esta intervención en el mercado ibérico iba en contra de la política general de la Unión Europea, que favorece la liberalización y la competencia en los mercados energéticos. Sin embargo, la Comisión Europea aprobó esta excepción tras el compromiso de los Gobiernos ibéricos de aplicar la reducción de precios también a las exportaciones de energía a otros países de la UE, en particular, a Francia.
Ahora, un informe del Oxford Institute for Energy Studies, titulado “The Iberian Exception: An overview of its effects over its first 100 days”, cuestiona la metodología del Gobierno español para estimar los beneficios para el consumidor. Según el análisis resumido en el informe, los beneficios netos para los consumidores españoles resultaron ser menores de lo que afirmaba el Gobierno.
Precios
La “Excepción Ibérica” provocó una reducción de los precios al por mayor de la electricidad, principalmente a través de subvenciones a la generación a partir de combustibles fósiles, en especial, a la generación de electricidad a partir de gas. Estos generadores redujeron sus ofertas para reflejar la subvención que recibirían, lo que resultó en precios de compensación más bajos de lo que habrían sido de otra manera.
La financiación de esta excepción provino de los consumidores ibéricos, con precios de la electricidad indexados directamente a los precios mayoristas de la electricidad. Más de 10 millones de pequeños consumidores en España se vieron afectados por esta medida. Inicialmente, los clientes con contratos de compra de electricidad a precios fijos no estaban obligados a pagar una contribución de la demanda. Sin embargo, con la renovación anual de los contratos a precio fijo, se consideró que muchos también se beneficiaban de los precios más bajos del mercado mayorista de la electricidad y, por tanto, tuvieron que pagar esta contribución, a menudo además del precio fijo ya acordado en contratos plurianuales.
Así, según los autores del informe, el costo adicional del “tope al gas” para los consumidores españoles afectados durante los primeros 100 días fue del 3%, aproximadamente 270 millones de euros. Este costo adicional contrasta con los 1.400 millones de euros estimados por el Ministerio como ahorro para los consumidores durante el mismo período. Desde entonces hasta el momento, Transición Ecológica estima el ahorro es un total de 5.106 millones.
En el caso de Portugal, la situación fue similar, pero con un porcentaje significativamente menor de consumidores afectados, lo que resultó en un costo adicional de alrededor de 33 millones de euros durante los primeros 100 días de su aplicación. Los consumidores con contratos de precio fijo no vieron modificados sus precios debido a esta excepción, lo que tuvo un efecto neutro sobre ellos.
Congestión
Un aspecto interesante de esta excepción fue su impacto en las rentas de congestión, que representan las diferencias de precios entre los mercados mayoristas a ambos lados de la interconexión entre Francia y España. La aplicación de la excepción provocó un aumento de estas rentas debido a la reducción artificial de los precios mayoristas en el mercado español.
Como resultado, la renta media horaria de congestión para cada país aumentó considerablemente con la “Excepción Ibérica”. En condiciones normales, España habría utilizado todas sus rentas de congestión para financiar los costos del sistema. Sin embargo, para obtener la aprobación de la excepción por parte de la Comisión Europea y de Portugal, España dedicó la totalidad de sus rentas de congestión, alrededor de 600 millones de euros, a financiar la excepción, reduciendo así la contribución de la demanda para los consumidores afectados de España, Portugal y Marruecos.
El análisis revela que la parte de España en las rentas de congestión cubrió aproximadamente el 13% de los costos de la “Excepción Ibérica” durante los primeros 100 días. Sin estos ingresos, los precios para los consumidores españoles habrían aumentado en 17 euros por megavatio-hora. Por otro lado, Portugal ahorró cerca de 82 millones de euros gracias a su participación en las rentas de congestión durante el mismo período, mientras que Marruecos obtuvo una reducción de 11 millones de euros.
La “Excepción Ibérica” ha sido un experimento controvertido en el mercado eléctrico europeo, con impactos económicos significativos y un debate en curso sobre su efectividad y sus consecuencias a largo plazo.