Fuente: Invertia
El tiempo corre y no hay cambios respecto al cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres). Pese a la propuesta de continuidad que hicieron Iberdrola (52,7% del capital) y Endesa (36%) enviada al Gobierno a principios de junio, fue rechazada por carta, así que la cuenta atrás continúa adelante.
Mientras tanto, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) le tocaba mover ficha y su Pleno ha aprobado favorablemente el procedimiento para iniciar el desmantelamiento de la central con una Instrucción Técnica Complementaria (ITC).
Esta ITC es el instrumento para especificar la documentación y los plazos en que deben ser remitidos por titular de la central al MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica) y al CSN para la emisión del informe preceptivo de la declaración del cese de explotación de la instalación.
Las dos principales propietarias de la planta (Naturgy tiene un 11,3%) planteaban retrasar el cierre de Almaraz hasta 2030, lo que supondría una extensión de tres años para el reactor I y dos años para el reactor II.
Sin embargo, para el Gobierno, el plan presentado no cumplía con las condiciones exigidas: garantizar la seguridad, el suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.
Además, según ya han manifestado fuentes del MITECO, para que la prórroga prospere, es necesario el consenso de todos los propietarios de la central, como Naturgy, y además EDP, como cuarto accionista en alguna de las centrales del parque español.
Sin cambios fiscales
El principal escollo es la elevada fiscalidad y rentabilidad limitada. “Si no hay cambios en este aspecto, no se va a pedir continuar con las centrales”, han asegurado fuentes del sector eléctrico a EL ESPAÑOL-Invertia.
Las empresas propietarias consideran que la carga fiscal sobre la energía nuclear es excesiva, lo que hace que su funcionamiento resulte poco rentable o incluso deficitario.
En los últimos años, los impuestos y tasas han aumentado más de un 70%, destacando el incremento de la tasa ENRESA, que supera lo pactado en 2019. Esta presión fiscal ha sido señalada por las eléctricas como la principal causa de las paradas voluntarias de reactores y de la falta de incentivos para solicitar extensiones de vida útil.
“Y eso sin contar con que desde la Junta de Extremadura no se ha dado ningún paso en la búsqueda de una alternativa a la doble imposición que sufre la central de Almaraz”, añaden.
El principal impuesto que la Junta de Extremadura aplica a la central nuclear de Almaraz es la llamada ecotasa, un tributo propio de la comunidad sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente.
En 2025, Almaraz pagará más de 80 millones de euros a la Junta de Extremadura en concepto de ecotasa. El impuesto autonómico en Extremadura es de los más altos de España, situándose en torno a 82-84 millones de euros anuales. La recaudación de la ecotasa representa el 1% del presupuesto autonómico extremeño.
Siguientes pasos
Por el momento, el plan de cierre sigue su curso. La empresa pública ENRESA (responsable de los residuos nucleares) ya ha lanzado la licitación de servicios de ingeniería para el desmantelamiento de Almaraz, además del ITC recién aprobado por el CSN antes citado.
ENRESA publico la licitación el pasado 20 de junio y estará abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el 18 de julio.
Según señala el documento, “el objeto del contrato es la prestación del servicio de ingeniería para el desmantelamiento de la c.n. Almaraz, con objeto de realizar los estudios y la ingeniería de diseño, especificaciones y proyectos de obra y la preparación de la documentación para la autorización del desmantelamiento de la c.n. Almaraz, descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas”.
Otro paso más será cuando el Consejo de Ministros apruebe formalmente el inicio del procedimiento de cierre, aunque sobre este punto hay quienes dicen que ya está aprobado con el acuerdo firmado en 2019 y quienes señalan que es necesario emitir una Orden Ministerial.
Y después, el titular de la central debe presentar un Plan de desmantelamiento detallado, que incluya la estrategia, planificación, fases, medidas de seguridad nuclear y protección radiológica, así como la gestión de residuos.
El proceso completo puede durar más de una década, dependiendo de la estrategia adoptada y de la complejidad de la instalación.