Cada vez son más las voces que se cuestionan si España debería mantener las centrales nucleares operativas, en contra del calendario de cierre que se firmó entre el Gobierno y las empresas propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) en 2019.
Y la última en incorporarse al debate es Junts per Catalunya. La formación política independentista catalana se ha mostrado en contra del ‘impuestazo’ a las energéticas, para retener la inversión de Repsol en Tarragona, y ahora se prepara para hacer campaña y salvar la industria nuclear en la región, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes del sector.
La energía nuclear es la principal fuente de energía en Cataluña y por tanto, esencial para su independencia energética. Con datos de 2023, representa casi el 60% de la generación total de electricidad en la región. El año pasado solo el 16% de la generación fue con renovables. Por tanto, sin estas centrales, los catalanes necesitarían importar energía de otras regiones.
Las centrales nucleares en Cataluña generaron 7,4 GWh de media por cada megavatio instalado, un rendimiento seis veces superior al de las plantas fotovoltaicas, según cálculos del informe ‘La energía nuclear como clave para una Cataluña competitiva’ de la consultora PwC.
Se necesitarían 17.206,2 MW de potencia instalada de paneles solares para compensar el cierre de las tres centrales nucleares, algo que supondría tener que multiplicar por cinco las instalaciones actuales, ya que Cataluña es una de las regiones donde menos renovables se ha instalado, sobre todo por la oposición social.
Con un mix renovable (apenas llega al 7%) muy lejos de la media española del 50,3%, la nuclear le aporta, además, el saldo de reducción de emisiones. Sin estas centrales, tendrían que tirar de sus ciclos combinados -gas- (hay varios grupos en Barcelona y Tarragona que superan los 3.000 MW de potencia, propiedad de Naturgy, Endesa y Alpiq).
Miles de puestos de trabajo
El empleo sería otro de los focos de conflicto si se cierran las nucleares, y además voto rural, principal caladero para Junts según las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña de mayo pasado. Según PwC, el cierre del parque nuclear en Cataluña tendría un fuerte impacto socioeconómico, resultando en la pérdida de empleos y afectando a las localidades donde se sitúan las centrales.
La pérdida de las inversiones recurrentes del sector afectaría negativamente en la economía catalana. La Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II señala que en estas centrales nucleares trabajan 920 profesionales de forma continuada, y en momento de recarga de combustible hasta 1.200 personas, con una inversión de más de 20 millones de euros por recarga.
El impacto en empleos en Cataluña por el sector nuclear genera más de 10.000 puestos de trabajo, de los cuales aproximadamente 3.000 son directos.
Y como consecuencia de la pérdida de empleos, también sería una sangría para las arcas de la comunidad autónoma. El sector nuclear en Cataluña aporta de manera directa más de 800 millones de euros al PIB nacional.
Posición política
Puede que Junts no tenga tan difícil mantener operativas sus centrales. La hasta el momento vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya ha dicho en su entrevista de trabajo para ocupar el puesto de vicepresidenta de la Comisión Europea que no pondrá trabas a la energía nuclear.
En Valencia los catalanes van a encontrar como aliado en este asunto al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. En su intervención en el Círculo Ecuestre este jueves lanzó un guante “al pueblo catalán para que levante la mano a favor de la prórroga de Vandellós porque es una de las mejores decisiones que podrá tomar Cataluña”.
Mazón instó a hacer “el lobi que haga falta” para que el Gobierno cambie de postura con respecto a la instalación nuclear de Tarragona y aseguró, textualmente, que tiene esperanza en que su homólogo catalán, Salvador Illa, apoye la continuidad de Vandellós II, ahora que ya no es ministro.
También el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, abogó este miércoles por la energía nuclear como solución para surtir de la necesidad de energía en el negocio de los ‘data center‘, aunque es algo que tiene que “definir la política energética” de cada país.
Pero advirtió de que ello requiere de “un análisis económico” y también de contar con “una política energética que permita llevar esto a cabo y hacer”.
No hay que olvidar que una de las principales quejas del sector a nivel empresarial es el exceso de carga fiscal de las centrales. Si se quiere mantener las centrales, las compañías propietarias han reiterado en varias ocasiones que la carga fiscal que soportan ya es de 27 euros/MWh tras materializarse la última subida de la tasa Enresa, lo cual compromete su viabilidad económica en un futuro donde los precios de energía serán inferiores (55 euros/MWh media OMIP 2025-35).
