Fuente: Expansión – Opinión
En España, la energía está siendo gestionada con el mismo sesgo ideológico con el que durante décadas se gestionó el urbanismo.
El 9 de abril, a las 5:22 minutos de la tarde, Red Eléctrica de España publicó un tweet en el que aseguraba que “No existe riesgo de apagón”, y que “Red Eléctrica garantiza el suministro”. Resulta difícil hacer una afirmación que resulte más rotunda y, al mismo tiempo, capaz de envejecer tan mal y pronto.
El 28 de abril, a las 12:33 de la tarde, 18 días y medio después de aquella afirmación clara y contundente, se produjo el Gran Apagón, que sumió a toda la Península Ibérica en el más absoluto caos y, a España, en el ridículo internacional más vergonzoso. Lo más terrible, con todo, fue el fallecimiento de, al menos, ocho personas por la falta repentina de electricidad. A ese irreparable coste humano hay que sumar las pérdidas económicas, que han estado entre los 1.300 y los 2.000 millones de euros, si atendemos a las diversas organizaciones independientes que lo han cuantificado, y alrededor de 200 millones si otorgamos algún crédito a la capacidad contable y la honradez de nuestro gobierno. Con todo, esas cifras millonarias son de poca monta comparadas con el desprestigio de un país que trataba de venderse como destino internacional de inversiones intensivas en energía, como los centros de datos y las infraestructuras para dar soporte al desarrollo de la inteligencia artificial.
Al hito de la fugaz producción eléctrica 100% renovable anunciada a bombo y platillo por Sánchez días antes del apagón, tenemos ahora que sumar el de haber provocado el peor apagón de las últimas dos décadas, y posiblemente de todo el siglo, en un país desarrollado. Tendríamos que remontarnos al año 2003 para dar con apagones que se le puedan comparar: los de Italia y el nordeste de Estados Unidos, los dos originados por accidentes de árboles que cayeron sobre líneas de transmisión y por sendos errores humanos a la hora de gestionar la desestabilización provocada en la frecuencia de la red.
El caso español, sin embargo, es de una nueva clase, fruto de la fragilidad inducida por un ideologizado diseño de la política energética. Nuestro apagón no se debió a un árbol ni a un rayo ni a un huracán. Tampoco fue un sabotaje. Estamos ante un nuevo tipo de apagón, la consecuencia predecible de una planificación ideológica deliberada conocida como transicionismo energético, una política que ha expulsado del sistema a tecnologías estabilizadoras como la nuclear y el ciclo combinado para dar entrada masiva a energías intermitentes como la solar y la eólica sin dotar al sistema de los mecanismos necesarios para garantizar su funcionamiento estable.
Informes técnicos ignorados
Esta vulnerabilidad no es una revelación caída del cielo. Durante años, los informes técnicos advirtieron del riesgo creciente de apagón de una red asíncrona e intermitente y con baja reactividad, en la que la energía solar y la eólica, con poca capacidad de estabilizar la frecuencia, desplazaban a tecnologías convencionales como la nuclear, el ciclo combinado o la hidráulica, que sí proporcionan la inercia necesaria para absorber fluctuaciones gracias a sus grandes turbinas. El operador del sistema, cuya misión es precisamente mantener ese equilibrio, se convirtió en portavoz de un relato político transicionista antes que en garante de una realidad física.
Como muestra un estudio sobre las causas del Gran Apagón producido tan sólo 48 horas después del desastre por el Centro Peter Huber para el análisis de asuntos energéticos, en cuya elaboración tuve el placer de participar, y cuyas conclusiones fueron publicadas por el Wall Street Journal, la generación síncrona en España (nuclear, hidráulica y ciclos combinados) ha sido forzada a caer año tras año. Mientras tanto, la solar alcanzó cuotas inéditas. El día 28 de abril, la generación solar se situó en niveles históricamente elevados, representando más del 50% del mix, y más del 70% si le sumamos la producción eólica. Fue precisamente operando en esas condiciones de vulnerabilidad extrema, sin apenas margen de error, que la red colapsó debido a alguna alteración en la frecuencia que el sistema no fue capaz de contrapesar.
La interrupción repentina del suministro que causó, en palabras del propio Sánchez, la angustia en millones de hogares, no sólo colapsó la red eléctrica, sino toda una narrativa. La del país puntero, moderno y seguro, que avanzaba alegremente y sin riesgos hacia un modelo energético de transición energética “más justo y sostenible”.
Asombrosamente nada de esto parece haber hecho mella en el Gobierno. No se ha anunciado ni una sola medida técnica orientada a corregir la desequilibrada política energética. No se ha revertido el plan de cierre de las nucleares. No se ha hablado de inversiones para reforzar la inercia. La única promesa ha sido la de “no desviarse ni un milímetro” de la hoja de ruta de la intransigente transición energética. Eso sí, se usan menos renovables en el mix para prevenir otro apagón, delatando el verdadero origen del problema.
En España, la energía está siendo gestionada con el mismo sesgo ideológico con el que durante décadas se gestionó el urbanismo, con el resultado de convertir en inaccesible lo que se prometía universal. Aquel desbarajuste dio lugar a una crisis habitacional. Este, a una crisis energética de la cual el Gran Apagón del que no existía riesgo alguno es sólo un capítulo más de una historia de fragilidad y decadencia inducida políticamente que por el bien del progreso de nuestro país urge revertir con firmeza y energía.