Fuente: Invertia
Las conversaciones telefónicas entre los centros de control de Red Eléctrica (REE), el operador del sistema, unos milisegundos antes del apagón del 28 de abril no podían haber sido publicadas en un momento más oportuno.
Los audios, que desvelan que la red estaba ese día y días previos a punto del colapso, se entregaron el lunes a la comisión que investiga el apagón en el Senado, pero no se han hecho públicos hasta el miércoles, 25 de marzo, justo coincidiendo con la comparecencia de Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, la matriz de REE.
Un mix explosivo para un día aciago en el que la máxima responsable del buen funcionamiento del sistema eléctrico en España perdió los papeles en más de una ocasión, sin salir de su guion de que Red Eléctrica no tuvo nada que ver con el apagón.
El nivel de nerviosismo llegó a tal punto que el presidente de la Comisión, el popular Francisco Javier Márquez, tuvo que anunciar un receso de cinco minutos “para que se tranquilizase la señora Corredor“.
Por parte de REE “se tomaron todas las medidas”, decía Corredor. “Lo que pasa es que las medidas tenían una debilidad, el resto de actores”, que estaban absorbiendo menos reactiva de la que les impone la normativa, sin concretar a qué actores se refería.
Un mantra que repitió varias veces pese a que Castellón insistía una y otra vez a la misma cuestión. “Pero, ¿de quién es la responsabilidad última de comprobar que todo tiene que funcionar como se requiere?”.
¿Qué pasa ahora con los audios?
Al margen de lo ocurrido en el Senado, ahora los audios publicados abren la puerta a muchas preguntas, una vez que ya se conocen todos los informes de organismos nacionales e internacionales sin apuntar a ningún culpable del cero energético.
“Ya conocemos qué estaba diciendo el piloto del avión en el momento justo del accidente, nos faltaba esa información”, señalan expertos del sector eléctrico a EL ESPAÑOL-Invertia.
Del “hostia, hostia, hostia, va, a tomar por culo, ¡a tomar por culo! Nos estamos desconectando” al “no sé si ha pasado algo en la zona o yo qué sé… O fotovoltaica” de los técnicos de REE, se simultaneaba la declaración de la presidenta de Redeia apuntando a que la “primera pieza del dominó” partió de una planta fotovoltaica situada en Badajoz.
“Jamás he identificado ni la planta ni tampoco la subestación a la que evacúa su potencia”, pero a medida que se conocen más detalles, a Corredor solo le queda decir “blanco y en botella”.
Sin embargo, los audios revelaban que los técnicos estaban apuntando en una dirección: “Sí que han tenido un problema en su subestación. En Pizarroso, en Cañaveral. Ha sido sobre esta hora, así que puede coincidir con eso que hay en Almaraz”.
“Y, ¿ahora qué?”, se preguntan los expertos. “Los informes no señalan a nadie, pero los audios los ha escuchado la opinión pública y habrá que ver si un juez los puede interpretar para buscar al culpable”.
Los consumidores, sin indemnización
Y mientras se pasa la pelota de un tejado a otro, los consumidores ya tienen la cuenta atrás en marcha para perder las posibles indemnizaciones por los daños del apagón.
En general, el plazo para reclamar por los daños de un apagón es de un año desde la fecha del siniestro, aunque en algunos casos puede llegar a cinco años si se discute responsabilidad contractual con la eléctrica, señala el despacho legal Torrijos & Abogados.
Por tanto, el plazo mínimo de referencia para acciones extracontractuales vencería el próximo 28 de abril de 2026, dentro de poco más de un mes.
Conviene presentar una reclamación cuanto antes ante la comercializadora/distribuidora y, en su caso, ante Consumo o el regulador autonómico, para no tener problemas probatorios ni de plazos.
“Alguien debe asumir las responsabilidades y compensar a los afectados por los daños, algunos muy cuantiosos”, dice la OCU, la organización de consumidores y usuarios.
El suceso supuso un incumplimiento directo del derecho a la garantía del suministro eléctrico, recogido en el artículo 7 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Casi un año después, ni la CNMC ni el Gobierno han determinado quiénes fueron los responsables del apagón, algo que considera imprescindible para que los consumidores puedan ser adecuadamente indemnizados.
Esta ausencia de claridad ha facilitado que las compañías distribuidoras rechacen la mayoría de las reclamaciones, alegando que no son responsables del incidente.