Fuente: Expansión
Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha explicado hoy que este organismo sigue pidiendo datos a las empresas y organismos sobre el apagón del día 28 de abril, y “lo va a seguir haciendo”. Porque su objetivo es encontrar no solo las causas, sino también los responsables.
Fernández ha intervenido en las jornadas anuales que organiza Apie en Santander junto con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). En su exposición, Cani Fernández ha sido muy firme con respecto al análisis que está haciendo la CNMC, y suobjetivo de llegar a las últimas consecuencias, que incluirían multas millonarias, inhabilitación empresarial o incluso instar a que el responsable pague todas las indemnizaciones por ese día.
Hasta ahora se han hecho varios informes sobre el apagón. Uno por parte del Gobierno, otro de Redeia (Red Eléctrica) y otro de Aeléc (asociación en al que están Iberdrola y Endesa). Este último basado en los dos anteriores. Los informes del Gobierno y Redeia han sido remitidos a la CNMC para que complete la investigación, pero el objetivo del organismo es hacer su propio informe.
Cani Fernández ha explicado que no se conforma con los datos que ya hay y que seguirá requiriendo más información a las empresas. Porque los informes “hasta ahora, dicen lo que pasó, pero no por qué pasó”.
“Estamos llevando a cabo nuestra propia investigación. No sé si hace falta, pero por ley la tengo que hacer. Hemos requerido información y seguiremos haciéndolo. Vamos a seguir profundizando algunos puntos que los informes no dan respuesta”, ha dicho Cani Fernández, que ha explicado varias líneas de actuación.
“Vamos a analizar el origen de las oscilaciones [eléctricas]”, ha dicho la presidenta de la CNMC, antes de referirse a que se sabe que “hubo una falta de control de tensión” el día del apagón. La cuestión clave es saber por qué y a qué se debió, o quien la provocó. “Sabemos que hay capacidad de tensión, pero por lo que fuera, no funcionó”.
También se sabe que “Red Eléctrica (Redeia) tomó una serie de medidas, pero aunque permitieron atenuar la oscilación, provocaron un incremento de tensión”. Ahora bien, “la respuesta de las instalaciones [de algunas eléctricas] no fue la esperada”. Y eso “hay que analizarlo”.
También hubo desconexiones de algunas instalaciones de las eléctricas, y hay que ver si fueron “prematuras o correctas”. Las eléctricas centran solo el problema en la red de alta tensión (propiedad de Red Eléctrica), pero Cani Fernández advierte que hay que ver “el comportamiento de las redes de distribución [propiedad de las eléctricas]” y si agravaron o no la situación.
Hay que ver también “si se podía haber evitado el apagón con más coordinación” y así mitigar o anular la denominada “reacción en cadena”.
De sanciones a inhabilitación
En todo caso, Cani Fernández ha explicado que “si hay indicios de infracciones e incumplimientos derivará en sanciones”. Ha recordado que la CNMC tiene potestad para imponer multas “de hasta 60 millones de euros”.
Pero puede ir más allá, e imponer “inhabilitaciones” para seguir ejerciendo la actividad eléctrica, o imponer la “perdida de autorizaciones” concretas. Y eventualmente, también puede instar a “restituir e indemnizar a todo el sistema” por el apagón. El régimen sancionador, ha recordado la presidenta de la CNMC, no solo se circunscribe a este organismo y los tribunales, también lo puede ejercer el Gobierno.