Fuente: El Economista
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto en marcha una consulta pública para redefinir la metodología con la que se calculan varios de los precios regulados que pagan consumidores y promotores en el sistema eléctrico, desde los derechos de acometida y acceso hasta los enganches, las verificaciones, las actuaciones sobre equipos de medida, los estudios de conexión a red y el alquiler de contadores. El movimiento abre la puerta a una revisión de importes que, en varios casos, siguen apoyándose en referencias fijadas en 2009 y 2013, en un contexto radicalmente distinto por el auge de la electrificación, la generación distribuida, el almacenamiento y la telegestión.
El organismo que preside Cani Fernández justifica la iniciativa por la necesidad de adaptar el marco retributivo a los cambios tecnológicos y regulatorios del sector. La CNMC sostiene que el despliegue de contadores inteligentes, la generalización de la gestión remota y el aumento de actuaciones vinculadas a la incorporación de nueva demanda y renovables han modificado de forma sustancial los costes y el uso de estas infraestructuras. Por eso quiere recabar ahora la opinión de empresas, asociaciones y consumidores antes de elaborar una circular que sirva de base para fijar los nuevos precios regulados.
La revisión afecta a una parte poco visible de la factura y de los costes de acceso al sistema, pero con impacto directo sobre miles de altas, ampliaciones de potencia, nuevas conexiones y equipos de medida. En el caso de los derechos de extensión, la CNMC recuerda que los valores vigentes proceden de la Orden ITC/3519/2009 y se sitúan en 17,37 euros por kilovatio en baja tensión, 15,72 euros entre 1 y 36 kV, 15,34 euros entre 36 y 72,5 kV y 16,33 euros por encima de ese umbral. Para los derechos de acceso, aún en vigor con esa misma base normativa, los importes ascienden a 19,70 euros por kilovatio en baja tensión, 16,99 euros entre 1 y 36 kV, 14,73 euros entre 36 y 72,5 kV y 10,70 euros por encima de 72,5 kV.
La consulta no se limita a preguntar si esos baremos deben subir o bajar. También plantea si deben mantenerse diferencias por tensión, qué variables deben usarse para repartir costes y cuándo debe activarse la revisión de estos precios si cambian las condiciones tecnológicas o económicas. El regulador deja claro además que, en el caso de los derechos de extensión, su diseño no solo afecta al usuario que los paga, sino también al coste general del sistema, porque esos importes se descuentan de la retribución regulada de las distribuidoras.
Uno de los puntos con más recorrido es el de los estudios de acceso y conexión. La CNMC señala que, aunque los reales decretos de 2013 los vinculaban expresamente a instalaciones de generación, el marco posterior obliga a entender que también deben aplicarse a la demanda. El supervisor considera que fijar estas cuantías es necesario para garantizar un tratamiento homogéneo y no discriminatorio entre todos los sujetos del sistema, incluidos consumidores, generadores y almacenamiento. A día de hoy, admite, no existen precios regulados específicos para estos estudios en distribución, por lo que la futura circular deberá llenar ese vacío.
El otro gran frente es el alquiler de los equipos de medida. El documento recuerda que los contadores electrónicos domésticos tipo 5 mantienen todavía precios transitorios de 0,81 euros al mes para los monofásicos y de 1,36 euros al mes para los trifásicos. Al mismo tiempo, recupera la propuesta que la propia CNMC formuló en 2014 para fijar precios máximos de 81,23 euros al mes para los equipos tipo 1, 43,6 euros para los tipo 2, 17,16 euros para los tipo 3 y 8,17 euros para los tipo 4, aunque entonces descartó aplicar ese esquema a los tipos 1 y 2 por sus características singulares.
La consulta incorpora incluso una cuestión especialmente sensible para el consumidor: si debe seguir cobrándose alquiler cuando el contador ya ha superado los 15 años de vida útil regulatoria. En la página 22 del documento, la CNMC incluye un gráfico con la antigüedad de los equipos instalados en cliente y abre expresamente ese debate, lo que anticipa una de las discusiones con mayor repercusión comercial y regulatoria del proceso.
Con esta iniciativa, la CNMC abre una revisión de fondo sobre cómo se reparten los costes de acceso, conexión y medida en un sistema eléctrico que exige más inversión, más digitalización y más capacidad para integrar nuevos usos. El resultado de la consulta marcará la futura circular metodológica y puede acabar redefiniendo una parte relevante de los pagos regulados que hoy soportan hogares, empresas, promotores y distribuidoras.