Fuente: Cinco Días
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha perdido el pulso para mantener intactas las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un totopoderoso organismo supervisor y regulatorio que depende de su departamento. El pacto de Gobierno entre el PSOE y Sumar ha dejado patente el compromiso de una futura coalición de izquierdas de segregar la regulación energética de la CNMC, organismo creado en 2013 por el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy para aglutinar la autoridad de la Competencia (CNC) con el resto de reguladores sectoriales. Concretamente, con la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE), el más relevante de todos; la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y otros recién creados o en vías de creación, como los reguladores ferroviario, aeroportuario, postal y audiovisual.
El PSOE se opuso frontalmente a una CNMC cuyo nacimiento se atribuyó al intento del Gobierno del Partido Popular de crear un único consejo de administración con vocales afines, sin esperar al fin de sus mandatos, para lo cual cesó a los consejeros de todas las comisiones eliminadas (el Tribunal Supremo declaró nulos los ceses de dos consejeros de la CMT, los únicos que denunciaron, que hubieron de ser restituidos en sus puestos). No en vano, el Grupo Socialista se negó a participar en el primer consejo de lo que calificó un “organismo frankenstein”, en el que les hubiesen correspondidos dos o tres puestos.
De hecho, el PSOE siempre llevó en sus programas electorales la separación de Competencia y los reguladores sectoriales y una vuelta a la situación anterior a junio de 2013, en que se aprobó la Ley de Creación de la CNMC, aunque posteriormente entró su consejo. No en vano, la actual presidenta, Cani Fernández, lo es a propuesta del PSOE, que contó en esta legislatura con la mayoría de los 10 vocales de un organismo que fue dividido en dos salas (la de Competencia y la de Supervisión, esta integrada por los citados reguladores sectoriales).
Pero ya en las elecciones generales de 2019 y en las de este mismo año, el PSOE sacó de su programa la recuperación de la CNE. Una decisión que distintas fuentes políticas atribuyen al rechazo de la vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño, a desgajar el poderoso organismo adscrito en su totalidad a su ministerio y en el que había logrado colocar en su presidencia a Cani Fernández, una persona de su total confianza.
También, añaden las mismas fuentes, por su deseo de mantener una autoridad de la Competencia fuerte (Calviño fue directora general de Competencia durante la etapa de Pedro Solbes como ministro de Economía). De esta manera, ha seguido controlando reguladores dependientes hasta 2013 a otros ministerios, como Energía, que lo sería ahora de Transición Ecológica, o los de transportes e infraestructuras, de Fomento.
Los partidarios del Gobierno de Pedro Sánchez de recuperar la antigua CNE han encontrado ahora la excusa perfecta: la posición firme de Sumar sobre la cuestión (los partidos de izquierdas que lo componen son los únicos que habían mantenido su promesa electoral de rescatar el regulador energético) y el menor peso en el Gobierno de Nadia Calviño, que, de lograr la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), a la que opta, no repetiría en su cargo.
Nervios en la CNMC
La noticia ha levantado ampollas en el Gabinete de la presidenta de la CNMC, quien, según informaciones internas, habría encargado informes para demostrar los beneficios y las sinergias que supone mantener Energía integrada en el organismo. Este no quiso hacer ningún comentario
Por el momento, según otras fuentes próximas al Gobierno, la vicepresidenta económica en funciones, ha logrado que la CNMC mantenga en su seno la regulación del resto de sectores, más allá del de Energía. Así, en el documento del pacto, PSOE y Sumar se comprometen solo a “impulsar el establecimiento de una Comisión Nacional de la Energía. Un organismo regulador especializado que cuente con los recursos adecuados (..) para preparar el sistema energético para la neutralidad climática”. Y se reforzarían, añade, “sus capacidades de inspección”.
No obstante, no se descarta la creación de un segundo regulador, además de la CNE, que integraría al resto de los sectoriales, una vez que Calviño dejase su cargo. Sobre esta opción hay menos beligerancia interna, ya que dichos sectores requieren cada vez menos de una regulación exante; están cada vez más liberalizados y, en el caso de las telecos, amén de que los operadores van desplegando sus propias redes, ya están adscritas a Economía.
El programa de Gobierno incluye la imprescindible reforma de la Ley de la CNMC y la de Competencia. En el caso de que se forme un nuevo Gobierno de coalición, el calendario que se maneja para la refundación de la CNE es de un año, con un periodo transitorio de varios meses. Fuentes parlamentarias aseguran que PSOE y Sumar tendrían el respaldo de los partidos nacionalistas para cambiar estas normas, especialmente, el PNV, que siempre ha logrado algún representante en el consejo.
Respecto a la composición del futuro consejo, resultaría más fácil que el de la polémica integración de 2013. La CNMC cuenta con 10 miembros (incluida la presidenta) que se reparten al 50% entre las dos salas. En estos momentos, hay tres vacantes (tras la salida el pasado verano de las consejeras Pilar Canedo y María Ortiz y el fallecimiento de su vicepresidente, Ángel Torres) y el pasado 23 de septiembre, a otros dos vocales les finalizó su mandato de seis años (Xabier Ormaetxea y Bernardo Lorenzo). Bastaría con no mover ficha, mantener a los vocales en funciones y, una vez creada la CNE, componer el nuevo consejo.
Una CNE que fije la nueva retribución de las redes
Aunque el compromiso de recuperar la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) no será una cuestión prioritara (salvo que resulte fácil de abordar) para un futuro Gobierno de coalición PSOE-Sumar, los partidarios de recuperar al regulador del sector más regulado, que disfruta del monopolio natural de las redes de distribución, lo que no ocurre con ningún otro, consideran que la nueva CNE debería funcionar en el plazo de un año largo. Así, esta podría aprobar las circulares sobre la retribución de las redes energéticas del siguiente perido regulatorio, apartir de 2025. La única potestad normativa de la CNMC son dichas circulares, cuya última aprobación, en 2019, abrió la caja de los truenos en sectores como el del gas.
