Fuente: El Periódico de la Energía
La Comisión Europea debe andar con la mosca detrás de la oreja. No se debe fiar de algunos agentes que campan a sus anchas en el mercado eléctrico y gasista europeo. Si no, no se entiende el borrador que ha filtrado con el objetivo de tratar de acabar con la manipulación en los mercados energéticos.
Bruselas propone una mayor transparencia en los mercados de tal manera que cada agente u operador proporcione la mayor información posible sobre sus operaciones en los mercados energéticos.
Todo lo que no se pueda contar por cuestiones de seguridad o que sea confidencial por cuestiones comerciales, deberá ser informado a las autoridades europeas. Y además, si conoces algún tipo de maniobra que pueda ser delictiva y/o contraproducente a los intereses de todos los ciudadanos europeos también deberán remitirse a las autoridades.
Cruzar datos
Por ello, la Comisión aboga por cruzar datos entre todas las entidades y autoridades de los mercados energéticos así como financieras.
“La Agencia de Reguladores Europeos (ACER), las autoridades reguladoras nacionales, ESMA y las autoridades financieras competentes de los Estados miembros intercambiarán, en particular, la información y los datos pertinentes de forma regular, al menos trimestralmente, en relación con posibles incumplimientos de la Directiva 2003/6/CE que impliquen a productos energéticos al por mayor cubiertos por el presente Reglamento”, reza la nueva propuesta del artículo 1 del Reglamento (UE) n.º 1227/2011 sobre integridad y transparencia del mercado mayorista de energía.
El caso es que Bruselas no se fía, sobre todo de agentes de fuera de las fronteras europeas. “La conductas de abuso de mercado son cada vez más frecuentes con agentes transfronterizos”, asegura el documento, por eso “existe una necesidad de establecer un régimen de supervisión e investigación eficiente y eficaz para este tipo de casos de abuso de mercado que, debido a sus características generales en la Unión, no pueden ser abordados por la acción de los Estados miembros por sí sola”.
Contra el uso de algoritmos
Otra de las cosas que le preocupa a la Comisión Europea es el cada vez mayor uso de algoritmos e Inteligencia Artificial para obtener el mayor rendimiento por parte de los agentes en los mercados.
Por eso quiere poner cierto orden a la hora de usar esos algoritmos.”La autoridad reguladora nacional del Estado miembro de origen del participante en el mercado podrá exigir al participante del mercado que proporcione, de forma regular o ad-hoc, una descripción de la naturaleza de sus estrategias comerciales algorítmicas, detalles de los parámetros comerciales o límites para a los que está sujeto el sistema, los controles clave de cumplimiento y riesgo que tiene implementados para garantizar que se cumplen las condiciones establecidas y los detalles de las pruebas de su sistema”, reza el documento.
Con todo ello, Bruselas quiere reforzar los mecanismo para poder informar más y mejor a las autoridades competentes de regular los mercados energéticos europeos.
Sanciones del 20% de los ingresos anuales
Pero ojo con quien pretenda manipular el mercado energético de alguna forma, ya sea ocultando información privilegiada, o cualquier otra forma de abuso de mercado, porque Bruselas no se va a andar con chiquitas.
Tiene en mente aplicar sanciones muy duras que sean ejemplarizantes, porque desde la Comisión entienden que con los mercados energéticos no se debe jugar. Por eso, quiere aplicar un régimen de sanciones que pueda alcanzar hasta el 20% del volumen de ingresos de un agente u operador de mercados.
Las autoridades reguladoras (CNMC en el caso español) tienen la facultad de imponer al menos las siguientes sanciones y medidas administrativas relativas a las infracciones a que se refiere el artículo 13, apartado 1:
(a) adoptar una decisión que requiera que la persona ponga fin a la violación;
(b) la devolución de las ganancias obtenidas o pérdidas evitadas debido a los incumplimientos en la medida en que puedan determinarse;
(c) emitir advertencias o avisos públicos;
(d) adoptar una decisión por la que se impongan multas coercitivas;
(e) adoptar una decisión que imponga sanciones pecuniarias administrativas;
En este último apartado hay dos tipos, una para empresas (personas jurídicas) y otra para particulares (personas físicas).
Para las primeras se pueden dar sanciones de hasta el 15% del volumen de ingresos del año anterior al del curso, pero “el importe de la multa no podrá exceder del 20 % del volumen de negocios anual de la persona jurídica de que se trate en el ejercicio anterior”.
Para las personas físicas, la multa podría alcanzar los 5 millones de euros, con también un máximo del 20% de sus ingresos.
