Fuente: El Economista
España continúa teniendo deberes pendientes con Bruselas. La Comisión Europea ha amenazado este jueves con llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no traspone completamente la directiva de renovables en el plazo de dos meses. Además, el Ejecutivo comunitario ha dado un ultimátum a España por no aplicar la directiva de seguros de automóviles a la legislación nacional.
En el primero de los casos, Bruselas llega, así, al último paso del procedimiento de infracción con el envío de un dictamen motivado, remitido a España, pero también a Francia, Irlanda y Hungría por no aplicar totalmente la normativa para impulsar el uso de energía renovable. Los cuatro países cuentan con un plazo de dos meses para subsanar la situación. De no cumplir, Bruselas podría llevar el caso ante la Justicia europea.
Concretamente, la directiva debía haberse aplicado el 30 de junio de 2021 como fecha límite. La Comisión Europea envió a los Estados miembro una primera advertencia en julio de 2021, pero estos cuatro países no cumplieron con la trasposición de la directiva. Con la emisión de estos dictámenes motivados, la Comisión Europea considera que Irlanda, España, Francia y Hungría han realizado una transposición incompleta.
Lo que establece la norma comunitaria es el marco jurídico para el desarrollo de renovables, con objetivos vinculantes a nivel comunitario para 2030, y un certificado electrónico de garantía de origen, que informa a los consumidores de qué proporción de la energía que consumen procede de fuentes renovables. La directiva incluye además criterios de sostenibilidad y ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero para los biocarburantes y biocombustibles.
Seguros de automóviles
Como parte del paquete de infracciones mensual, que Bruselas ha hecho público este jueves, se incluye un ultimátum a España por no trasponer completamente la directiva de seguros de automóviles a la normal nacional.
La Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado a España, Bulgaria, Letonia, Malta, Rumanía y Portugal que debían haber aplicado la normativa comunitaria antes del 23 de diciembre de 2023. El primer aviso ya lo dio Bruselas el 25 de enero de 2024, pero estos seis Estados miembro continuaron sin trasponer la norma. Ahora disponen de dos meses para tomar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión podría decidir llevar los casos ante la Justicia europea.
La directiva tiene como objetivo mejorar la protección de las víctimas de accidentes de tráfico y, para tal fin, establece los límites de tal protección, facilita los controles del seguro obligatorio de automóviles y establece un mecanismo para indemnizar a las víctimas en caso de insolvencia de la aseguradora responsable. También facilita el cambio de aseguradora garantizando no discriminatorio de las declaraciones de siniestralidad
