Fuente: Voz Pópuli
El sector eléctrico no se toma un respiro. Pese a que los precios se han moderado y las elecciones han parado los bandazos regulatorios. Hay otro frente de batalla en el sector que está aumentando el ruido y que tiene a cuatro protagonistas: las pequeñas comercializadoras, los grandes grupos eléctricos, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) y el Gobierno.
La batalla se centra en obligar a compañías como Iberdrola, Endesa, EDP o Naturgy a sacar a subasta la energía que producen sus renovables, la centrales nucleares que gestionan y su producción hidráulica. Un hecho que beneficiaría a las pequeñas, ya tendrían acceso a una producción que hasta ahora no manejan, y que castigaría a estas grandes, porque toda esta producción está vendida a largo plazo a sus clientes.
Una posibilidad que se abrió en el año 2021, como medida para frenar la crisis de precios y evitar la riada de quiebras para las pequeñas comercializadoras. El real decreto-Ley 17/2021, por el cual el equipo de Teresa Ribera diseñaba un plan de choque para contener el encarecimiento de la electricidad, permitía al Ejecutivo celebrar la primera subasta de la denominada “energía eléctrica inframarginal” antes del 31 de diciembre de 2021.
Estas subastas tienen como objetivo aumentar la liquidez de los denominados mercados a plazo, aquellos que permiten a todas las comercializadoras comprar electricidad a los generadores con mayor previsión y sin depender de los bandazos del mercado diario. Una forma de que las ofertas comerciales de las pequeñas y grandes comercializadoras se igualen gracias a esta energía ‘barata’.
Insuficiente energía
Aunque los datos generan ciertas dudas sobre si se trata de la mejor solución. Este plan se piensa para favorecer la libre competencia entre comercializadoras, porque el volumen de clientes en el mercado seguirá siendo el mismo. El 20% de la generación inframarginal de las grandes eléctricas, con el protagonismo de la hidroeléctrica y nuclear, son 15 teravatios-hora (TWh).
Con la media que maneja el sector de entre 3,5 y 4 megavatios hora por cliente y año, se traduce en el suministro de 4 millones de clientes, aproximadamente. Con los últimos datos de la CNMC, las denominadas comercializadoras independientes gestionan actualmente 3 millones de clientes. Las principales alternativas para devorar este ‘trozo del pastel’ de Iberdrola, Naturgy y Endesa son dos gigantes petroleros que se están abriendo hueco en la comercialización eléctrica como TotalEnergies y Repsol.
Total cuenta actualmente con 1,1 millones de clientes, con una leve caída en el último año de 2% en su cartera. Repsol, en pleno proceso de expansión, disparó en 2022 un 17% sus puntos de suministro, entre su estrategia comercial y expansión inorgánica, hasta los 1,2 millones de clientes. Una atracción de clientela con la deberían competir compañías como Holaluz o Fenie.
Además de la batalla comercial que abriría, hay otro factor que añade dudas al debate. Los defensores de las subastas de la generación inframarginal hablan de que se favorece la liquidez en el mercado a plazo. Un mercado que, hasta el año pasado, se situaba en los 200 TWh. Es decir, los 15 TWh que se quieren incorporar añadirían un 7,5% adicional. Un asunto que se agrava con el último dato de 2022, donde el mercado a plazo se desplomó a los 110 TWh por las turbulencias de los mercados y sobre todo por las distorsiones regulatorias que generaron medidas como al tope al gas.
La CNMC empuja al Gobierno
Para aquellos que defienden la necesidad de estas subastas señalan al Gobierno como principal obstáculo. Su propio plan de septiembre de 2021 no se está cumpliendo. Esto provoca que las comercializadoras de Endesa, Naturgy e Iberdrola sigan incrementando su cuota del mercado libre a costa de los clientes de las pequeñas que no pueden competir con los precios que ofrecen.
La CNMC presionaba en su informe de supervisión del mercado minorista de electricidad y gas del año 2021 y avance del 2022 a realizar subastas para las comercializadoras de la competencia y los industriales. El organismo que preside Cani Fernández presiona para “fomentar la contratación a plazo por parte de los comercializadores no tradicionales, mientras se mantuviese el contexto de incremento de la concentración del nivel del mercado minorista y la reducida liquidez de los mercados a plazo”.
Y las pequeñas comercializadoras lo aplauden. “Debido a la situación de crisis energética vigente, el Gobierno iba a organizar subastas, en las que el 25% de la energía inframarginal de las compañías generadoras dominantes sería subastada entre todos los comercializadores”, apuntan desde la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE),
“Esto facilitaría que las comercializadoras independientes tuvieran opción de obtener y poder ofrecer precios más económicos a nuestros clientes, pero la convocatoria nunca llegó a producirse”, comentan desde la asociación de la que forman parte empresas como Acciona, Engie España, Factorenegía, Feníe Energía o TotalEnergies.
La reforma del PVPC que presentó esta semana del Gobierno abría la puerta a este deseo. Pero no se cumplió. La paralización legislativa por el adelanto electoral, junto con los últimos datos del mercado a plazo, hacen que las subastas se hayan convertido en otro documento guardado en un cajón sin fecha para recuperarse.
