Fuente: Cinco Días
Tras las quejas personalizadas de algunas empresas, la protesta se ha vuelto general. El sector financiero y energético, a través de sus principales asociaciones representativas, dan un paso adelante y advierten sobre las consecuencias de convertir en permanente el impuesto extraordinario aplicado durante los últimos años sobre sus ingresos. Pese a que no parece tan claro que el Gobierno sea capaz de sacar adelante esta decisión, tras el rechazo mostrado por alguno de sus socios parlamentarios, las dos patronales financieras, AEB y CECA, han lanzado un comunicado conjunto en el que expresan su “más enérgico rechazo por el impacto para el propio sector y para la economía española” que tendría esta medida. También lo ha hecho casi al mismo tiempo la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos en términos similares. Y ambas coinciden en apuntar hacia consecuencias milmillonarias en inversión y capacidad de financiación que elevan hasta los 66.000 millones de impacto.
“Si se mantiene esta iniciativa, España se convertiría en la única jurisdicción europea con un impuesto permanente de estas características, lo que constituye una desventaja competitiva para las entidades españolas y, por tanto, para el impulso de la economía, en un contexto en el que la banca española es el sector a nivel europeo que más impuestos pagan”, señalan en una nota de prensa la AEB y la CECA. Esta misma mañana, la presidenta de Bankinter, primer banco en presentar sus resultados del tercer trimestre, apeló a tener un debate “de adultos” cuando se le preguntó si iba a deslocalizar negocios fuera de España, pero criticó el impuesto como tal. La mecha la encendió a principios de semana el presidente de Repsol, Josu Jon Imaz, con una dura columna de opinión acusando de populismo al Gobierno por esta política fiscal.
En cualquier caso, lamentan este jueves los representantes de la banca, la existencia de un impuesto permanente sobre sus ingresos “supone un obstáculo” para completar la Unión Bancaria y va en contra de las recomendaciones de instituciones como el Banco Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) “que desaconsejan estos impuestos porque desvían recursos que podrían utilizarse para reforzar el capital de los bancos y mantener el flujo del crédito a familias y empresas”.
Del mismo modo, este tipo de gravámenes también afecta a la capacidad de financiación de la economía real, a la creación de empleo y al crecimiento económico en general, añaden. No en vano, calculan que la recaudación del gravamen supone una merma estimada de 50.000 millones en la capacidad de financiación del sector bancario en España.
Por su parte, la asociación de empresas petrolíferas considera que el tributo indefinido “comprometería la competitividad de la industria y dificultaría el proceso de transición energética, afectando negativamente a toda la cadena de valor”. Por ello, reclama “un marco fiscal adecuado y estable para impulsar las importantes inversiones que el sector pretende abordar para la descarbonización y la transición energética. En concreto, las empresas del sector tienen previsto dedicar a ese fin más de 16.000 millones de euros hasta 2030, aunque un nuevo gravamen o la falta de claridad sobre el horizonte fiscal puede desalentar las inversiones en nuestro país”.
A partir de aquí, la AOP recuerda que este impuesto “convertiría a España en el único Estado de los 27 de la UE en tenerlo, lo que perjudicará la competitividad de un sector que soporta una carga fiscal muy elevada. Además, el informe Draghi advierte que la competitividad de la UE está lastrada, entre otros motivos, por un coste de la energía más alto que en Estados Unidos o China, como consecuencia, entre otros motivos, de cargas fiscales que el mismo informe pide limitar”. No solo eso, inciden desde esta asociación: “el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido que este tipo de gravámenes deben ser limitados y temporales. En un sentido similar, la Comisión Europea ha señalado que las empresas del sector energético se encuentran en una situación diferente a la vivida en 2022 durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Por ello, establecer un impuesto adicional al sector energético resultaría injustificado, discriminatorio y económicamente contraproducente”.
También mira a Europa el sector financiero en su queja y subrayan que el impuesto se adoptó por la situación creada tras la subida de tipos de interés desde 2022 y, ahora que el Banco Central Europeo ha comenzado a relajar las tasas, la justificación ha perdido su vigencia. “El euríbor a un año está en estos momentos por debajo del nivel de diciembre de 2022, cuando se aprobó el gravamen. Los analistas anticipan que esta tendencia descendente se mantendrá el próximo año, de tal modo que los tipos de interés podrían situarse en el 1,75 % a finales de 2025″, explican a continuación.
Por último, las asociaciones bancarias reprochan la incorporación de impuestos al ordenamiento jurídico por la vía de un decreto ley o a través de una enmienda al articulado de un proyecto de ley que se encuentre en tramitación en el Congreso, ya que “merma la calidad del debate público e imposibilita que los sectores afectados puedan manifestar su posición sobre normas que afectan a su actividad”.
“En definitiva, gravar la actividad bancaria de forma permanente con un impuesto extraordinario significa frenar la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo en el conjunto de la economía”, concluyen.
Impacto en la valoración y en el crédito
El Instituto Español de Finanzas ha elaborado un informe en el que alerta de los efectos perniciosos de crear un gravamen permanente a la banca. En concreto, alerta sobre el efecto sobre las pymes, que verían restringido su acceso al crédito. Según los cálculos de este organismo perderán 9.000 millones. También alerta sobre el daño en la valoración del negocio español de las entidas. En su opinión, los tres grandes bancos reducirían el valor de su negocio en España un 13%.
