Fuente: El Economista
El Ministerio de Transición Ecológica ha evitado la catástrofe que se avecinaba en el sector de las renovables si no se amplíaban los plazos para cumplir con los hitos marcados en el Real Decreto-ley 23/2020. El departamento que encabeza Teresa Ribera ha otorgado una ampliación de 36 meses para la consecución de la Autorización Administrativa de explotación y de 6 meses para la autorización de construcción, lo que supone un balón de oxígeno para el sector y facilitará la consecución del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
Para alcanzar esta decisión, el departamento de Teresa Ribera há manteniendo contactos discretos con las asociaciones de renovables durante los pasados meses de octubre y noviembre con la intención de analizar la situación y las soluciones que se podían adoptar para llevar a cabo la instalación de energías limpias y reducir los riesgos actuales para el sector.
En estos momentos hay 68 GW en tramitación y, de esta cantidad, un total de 43 GW cuenta con una fase similar de desarrollo e idénticos plazos (80% fotovoltaica y 20% eólico). Todas estas plantas tenían hasta el 25 de enero para tener lista toda la documentación, ya que en caso contrario obligaría a ejecutar los avales y retirar los permisos concedidos en estos últimos años.
Posteriormente, el sector cuenta con un plazo de dos años para la construcción y es ahí donde se genera el mayor cuello de botella que ahora queda resuelto tras la ampliación de plazos en tres años.
Unef, por ejemplo, dentro de las alegaciones presentadas al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) explicaba que el tener que concentrar la construcción de las plantas en un periodo corto reduciría las posibilidades de aprovechar este ciclo inversor por parte de la industria nacional, que sólo en el caso fotovoltaico cifran en cerca de 25.000 millones de euros.
Ahora, los promotores podrán prolongar desde los cinco hasta un máximo de ocho años el plazo para obtener la Autorización Administrativa de Explotación; sólo tendrán que indicar el semestre en que prevén la entrada en servicio de la instalación, con carácter vinculante.
Para UNEF, la ampliación del plazo de Autorización Administrativa de Construcción, que tuvo lugar en junio de 2023, supuso un balón de aire puntual para la viabilidad de los proyectos. Sin embargo, las nuevas prórrogas aprobadas hoy son las medidas definitivas que necesitaba el sector para que el despliegue fotovoltaico se pueda hacer de manera ordenada por parte de las empresas y con el rigor necesario por parte de la administración.
Además, esta prórroga posibilita la graduación voluntaria de los proyectos, permitiendo que se desarrolle la cadena de valor fotovoltaica en nuestro país y atrayendo nuevas inversiones. “Evita cuellos de botella tecnológicos, elimina presión inflacionista en los procesos de construcción de los proyectos y va a permitir estabilizar en el tiempo las oportunidades laborales que presenta el sector de la energía solar en España”, ha recalcado Rafael Benjumea, presidente de Unef.
