Fuente: El Economista
Las comunidades energéticas son figuras jurídicas que permiten que los ciudadanos produzcan, consuman, almacenen, compartan y vendan energía renovable colectivamente. Su finalidad principal es proporcionar beneficios ambientales, económicos y sociales a sus miembros y al entorno en el que desarrollan su actividad, más que una rentabilidad financiera.
Actualmente, este tipo de iniciativa cuenta con el apoyo de instituciones y marcos normativos, y está ganando relevancia en todo el mundo como una respuesta efectiva a los desafíos de la transición energética y la emergencia climática que exigen nuevos modelos de gobernanza con una mayor participación ciudadana.
Las comunidades energéticas están experimentando un fuerte desarrollo en España, aunque aún queda mucho camino por recorrer. Actualmente hay un total de 353 contabilizadas en distintas regiones del país, según recoge el primer informe de indicadores del Observatorio de Comunidades Energéticas Energía Común, elaborado por Ecodes, con el apoyo de Redeia y el Miteco. Esta cifra supone que solo el 4% de los municipios españoles cuenta con una figura de este tipo.
La región con el mayor número de comunidades energéticas es el País vasco, con un total de 90 repartidas en el 35% de sus municipios. Le sigue Cataluña con 52 comunidades que ocupan el 5% de sus municipios, C. Valenciana con 35 comunidades en el 6% de los municipios y Navarra con 31 comunidades en el 11% de sus municipios. Entre las cuatro regiones concentran cerca del 60% de la cifra total.
Aunque el desarrollo de las comunidades energéticas en España es bastante desigual, el creciente interés por parte de la ciudadanía en este tipo de iniciativas y el papel que han desempeñado numerosos ayuntamientos que han actuado como promotores y facilitadores en la creación de comunidades energéticas en sus localidades, están ayudando a su despliegue.
A nivel regulatorio, los avances más relevantes han sido la propuesta de Real Decreto, lanzada en abril de 2023, destinada a regular las Comunidades de Energía Renovable (CER) y las Comunidades Ciudadanas de Energía (CCE), así como la aprobación del RDl 5/2023, con medidas relevantes relacionadas con las comunidades energéticas.
En materia de ayudas, se abrieron varias convocatorias el pasado año. Algunas de ellas, como las convocatorias 3 y 4 del Programa CE Implementa para financiar proyectos piloto de comunidades energéticas y la convocatoria para la creación de Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC) para la promoción y dinamización de comunidades energéticas, fueron gestionadas directamente por el Miteco a través del IDAE, mientras que otras han sido gestionadas por distintas administraciones autonómicas, provinciales y locales para impulsar estas entidades en sus regiones.
Barreras, perfiles y actividad
Otro de los datos relevantes que recoge el informe de Ecodes es que tan solo el 12% de las comunidades energéticas contabilizadas tienen operativo su primer proyecto energético. Esto se debe, según indica el documento, a que muchas de ellas se encuentran en una primera fase de difusión entre posibles interesados. Otro de los motivos son las trabas burocráticas y los retrasos que están generando las distintas distribuidoras y comercializadoras.
Respecto al perfil que conforman las comunidades energética en España, el informe señala que el 95% están participadas por ciudadanos, un 45% por ayuntamientos, un 42% por locales comerciales, un 28% por empresas ubicadas en polígonos y un 22% por entidades de la sociedad civil. Otro de los indicadores analizados en el número de socios que las conforman: el 37% están formadas por menos de 20 socios, el 28% tienen entre 21 y 50 socios y el 20% entre 51 y 100 socios.
El informe también analiza el tipo de actividad que desarrolla o tiene previsto desarrollar cada comunidad energética, siendo la más habitual el autoconsumo fotovoltaico. Le sigue de cerca la formación y sensibilización sobre cultura energética y, por detrás de éstas, señala la movilidad sostenible, almacenamiento, rehabilitación de viviendas, renovables térmicas y otras renovables. Además, el tipo de figura jurídica elegida para su constitución se reparte casi por igual entre cooperativas (52%) y asociaciones (48%).
Uno de los aspectos más relevantes de una comunidad energética es su componente social, ya que incluir a personas que, inicialmente, no se identifican con este tipo de iniciativas, resulta muy positivo, pudiendo así abordar problemas sociales en las zonas en las que operan, logrando comunidades más inclusivas y diversas. A este respecto, el aspecto social más abordado, con un 32%, es la pobreza energética, seguido por un 22% que abordan problemas de género y un 4% que lo hacen en el ámbito de la tercera edad.
Uno de los desafíos a la hora de llevar adelante una comunidad energética es la financiación. En el caso de España, el 85% ha optado por algún tipo de ayuda pública, mientras que el 67% ha elegido los fondos propios como fuente de financiación. El 14% ha contado con el apoyo de entidades financieras, el 7% ha elegido los Servicios Energéticos, el 5% los ayuntamientos y el 3% los préstamos colectivos.
