Fuente: El Mundo
El cierre de las centrales nucleares, que en España se realizará gradualmente entre 2027 y 2035, sumará la emisión del equivalente a casi tres años de gases de efecto invernadero en el país. Es decir, unos 28 millones de toneladas de CO2, según el estudio titulado ¿Verde, competitiva y segura? elaborado por el think tank Oikos y la consultora Afry. Además, podría llegar a poner en riesgo la seguridad de suministro y tendrá también un importante coste económico, ya que obligará a recurrir al gas como tecnología de respaldo.
El documento estima el coste directo de no prorrogar el funcionamiento de las nucleares en 22.600 millones de euros entre 2027 y 2050 por el encarecimiento de la producción eléctrica. Para ello, calcula la demanda eléctrica y el precio que tendrá la luz en el mercado mayorista en un escenario de extensión de la vida útil de las centrales y en un escenario de cierre, más caro. Así, por ejemplo, en 2028 el ahorro en el mercado no regulado sería de 797 millones de euros.
“El cierre nuclear anticipado asumido por el Gobierno es económica y medioambientalmente costoso, además de poner en peligro la seguridad del suministro”, apunta el informe. Este encarecimiento, advierten, “tendría que ser soportado inevitablemente por las empresas y consumidores españoles”.
La hoja de ruta para este ‘apagón’ es el Plan General de Residuos Radiactivos, que establece el orden de cierre de los siete reactores que continúan en activo en España: comenzará con Almaraz I, en noviembre de 2027, y terminará con el cese de actividad de Vandellós II y Trillo, en febrero y mayo de 2035. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) recoge este mismo escenario, aunque el calendario podría replantearse si el Ejecutivo lo considera necesario. El documento, además, pone en duda que llegue a instalarse el parque renovable que calcula el PNIEC para 2030.
La clave está en que, por mucho que España haya hecho una importante apuesta por las renovables, éstas aún no pueden sustituir la producción de la atómica, mucho más constante. Los siete reactores que hay en España generan en torno al 20% de la electricidad (el 20,2% en lo que va de año) y están en funcionamiento prácticamente en todo momento, salvo paradas puntuales programadas, mientras que las principales fuentes verdes son, por definición, intermitentes: no siempre sopla el viento y todos los días se pone el sol. La alternativa cuando estas fallan es el gas, que se quema en las flexibles -y contaminantes- centrales de ciclo combinado, que deberían asumir también la producción nuclear cuando se vaya desconectando del sistema y la eólica o la fotovoltaica no estén disponibles. Al menos, hasta que comiencen a desplegarse a gran escala soluciones de almacenamiento. Pero también aquí hay matices.
“Lo que es importante es que cuando se habla de baterías, como el parque renovable español va a estar dominado por la fotovoltaica, que no genera por la noche por motivos evidentes, el almacenamiento de corta duración no es suficiente para acompañar las renovables”, explica a EL MUNDO Luis Quiroga, cofundador de Oikos. “El almacenamiento de larga duración lo que realmente ayuda a eliminar la necesidad del gas”, sentencia, al tiempo que propone “alargar la vida de las nucleares” hasta que se consiga esto.
Es decir, la solución deben ser tecnologías como el hidrógeno o las centrales de bombeo. El primero es un vector que a medio o largo plazo podrá sustituir al gas, pero, de momento, su producción verde -con fuentes renovables mediante electrólisis- es marginal. Mientras, las segundas requieren grandes obras de ingeniería y un desembolso importante.
SEGURIDAD DE SUMINISTRO
El estudio reconoce que “la seguridad del suministro será el principal desafío de la transición energética” y Quiroga incide en esta idea al hablar del “cierre anticipado” de la nuclear. “Tiene un efecto nocivo sobre el margen de reserva hasta el punto de que, según qué otras decisiones de política energética se tomen, podría poner en peligro la seguridad de suministro”. “Puede aumentar la probabilidad de apagones“, advierte.
Para llegar a esta conclusión, el documento analiza varios escenarios. En algunos, conceden, “el margen de reserva puede llegar a mantenerse en niveles aceptables”, pero en otros -entre los que se incluye un cierre nuclear anticipado o una alta penetración de renovables sin almacenamiento-, estaría en peligro la seguridad del suministro “a niveles que son inviables” a partir de 2035. “Es necesario fomentar la inversión en infraestructuras que aumenten la flexibilidad del sistema eléctrico, particularmente en aquellas soluciones de almacenamiento de larga duración”, resume el informe.
Con todo, Afry considera que, “incluso en ausencia de cambio de dirección política”, es “improbable” que el plan de cierre nuclear “se cumpla en su totalidad”. Por lo tanto, para algunos de los escenarios el cálculo se hace dando por hecho que únicamente habrá cerrado un reactor en 2030 (para cuando termine ese año deberían haber cerrado cuatro) y retrasa el definitivo hasta 2038, tres años después de lo previsto.
A pesar de ello, el estudio es optimista respecto a la posición de España en una Europa descarbonizada: “Las ventajas competitivas de España en renovables harán que España tenga una oportunidad para conseguir una ventaja de costes de producción para actividades intensivas en consumo energético”.
